El pueblo de San Bartolo Ameyalco se organiza para hacer frente a las políticas de despojo y privatización.
Es la mañana del domingo 25 de mayo de
2014. En el centro de San Bartolo Ameyalco no hay señales visibles del
conflicto violento que vivió el poblado el pasado miércoles 21. Las
escaleras de una comisaría -frente al quiosco, a unos metros de la
iglesia- se han convertido en un improvisado templete. Desde ahí,
algunos habitantes del poblado recuperan la frustración, el enojo y el
hartazgo acumulados tras siglos de luchar por su manantial, catalizados
por la inesperada e innecesaria violencia ejercida por el Estado hace
apenas unos días.
Pero hay algo más. No es sólo visceral
enojo lo que mueve a San Bartolo. Hay también señales claras de un largo
proceso de organización. El pueblo a partir de hoy comienza a construir
autonomía. El primer paso, afirman, es suspender la realización de
elecciones en Ameyalco: ni una casilla se instalará aquí, nunca más un
partido los gobernará. El segundo es desconocer a los comités vecinales
elegidos a través del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
En su lugar, regirán los usos y costumbres del pueblo: La Asamblea, las
mayordomías, las formas ancestrales de organización política.
Hay una tercera medida, la más urgente en
la movilización de San Bartolo: lograr la liberación de los cinco
presos del día 21. Reportan numerosas irregularidades en el proceso: las
detenciones fueron arbitrarias, no fueron conducidos al Ministerio
Público (MP) de inmediato, la serie de irregularidades procesales
durante la estadía en la agencia 50, el desconocimiento -por parte de
los familiares y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF)- del juzgado en el que se está llevando el caso, entre muchos
otros. El mismo día 25, después de la Asamblea, una marcha caminó hacia
Las Águilas para exigir su liberación. La CDHDF investiga ya el caso.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil se movilizan en apoyo de
los detenidos.
La red de organizaciones que se oponen a las políticas
públicas de privatización, represión y deliberada manipulación del
Estado mexicano se ha vuelto a activar.Dentro de esta red de movimientos
diversos -de las clases medias, anarquistas, comunistas, ecologistas- es
importante destacar la presencia de otros pueblos y barrios originarios
del Valle de México. Ahí estaban los pueblos de Xochimilco, quienes a
través de su vocero se declararon en solidaridad con San Bartolo. Había
compañeros que venían de Atenco, de Tláhuac, de la Magdalena Contreras.
Los vecinos de Santa Rosa Xochiac, pueblo con el que históricamente ha
habido una pugna territorial, también se han unido para hacer frente a
las políticas opacas y represivas del gobierno del Distrito Federal
(GDF) frente al manejo y la propiedad del agua. 
La maestra de ceremonias saluda a los
pueblos presentes hacia el final de la Asamblea. Comunica ahí una
decisión que se ha tomado, aparentemente con antelación: se forma el
Frente Único de Pueblos del Valle de México frente a las políticas de
despojo y privatización que se impulsan desde los distintos niveles de
gobierno. La reacción generalizada es de un sonoro apoyo. Aplausos,
consignas, miradas que asienten. Hay, desde luego, voces que se oponen.
Dos vecinos de Santa Rosa suben al improvisado templete, a pesar de los
intentos de algunos organizadores por impedirlo. Manifiestan no su
desacuerdo con la medida, sino con su falta de discusión generalizada.
Piden definir líneas de acción, medidas concretas. Algunos desde el
grueso de la Asamblea les exigen bajar: creen que están alargando la
Asamblea demasiado. Otros defienden su derecho a expresarse: es un
ejercicio democrático, dicen. Al final, su propuesta de llevar a cabo
más discusiones sobre el Frente Único es dejada de lado. La Asamblea
termina y la marcha por la liberación de los presos políticos comienza.
La gente comienza a dispersarse. San Bartolo vuelve a una relativa
calma.
Intentamos acercarnos a algunos de los
oradores y otros pobladores de Ameyalco. Hay en sus miradas y voces una
mezcla de temor y ganas de contar su historia. Nos piden anonimato. Han
estado llamando a algunas de sus casas, amenazándolos: las tácticas de
represión no cesan en las calles. Ellos, a pesar de esto, están
decididos. Muestran fotocopias con la firma del delegado de Álvaro
Obregón, Leonel Luna. Ahí se dice que las obras se suspenderán y que se
abrirá el diálogo con los pobladores para encontrar soluciones
alternativas. El documento está fechado tres de junio de 2013, es
anterior al actual estado de conflicto que inició con la llegada
inesperada de trabajadores y maquinaria y de tres camiones con
granaderos el 14 de febrero de 2014. Los pobladores, en aquella ocasión,
iniciaron un campamento para vigilar el manantial que les surte de
agua. No hubo entonces una abierta provocación y represión como en el
día 21 de mayo. Sin embargo, la estrategia gubernamental comenzaba a ser
visible. El control del manantial se obtendrá de cualquier forma.
El papel que el manantial de San Bartolo
ha jugado en su historia es complejísimo. Ha sido objeto de deseo de
hacendados, empresarios y burócratas; fuente de poder y núcleo de
resistencia para pobladores por siglos. Hoy, las obras que lo afectan
responden a la gran transformación que ha sufrido el pueblo. De
encontrarse aislado en las serranías que rodean al Valle de México, ha
sido engullido por la mancha urbana. Alrededor de San Bartolo se
levantan colonias de reciente fundación, en las que habitan vecinos que
no son comuneros de Ameyalco y que, aparentemente, no participaron de la
Asamblea del domingo 25. Es en estas colonias en donde el problema de
la falta de agua se manifiesta con mayor dureza. Si en el centro de
Ameyalco el manantial es apenas suficiente para satisfacer las
necesidades de la población, en sus afueras el agua simplemente no
llega. Aquí el abastecimiento lo realizan pipas que venden el agua, como
en muchos otros lugares de la capital.
Son las pipas la razón que usa el
gobierno para justificar la violencia injustificable del día 21. Niños,
mujeres, ancianos fueron heridos. La versión oficial simplifica el
conflicto diciendo que han sido los piperos, defendiendo su interés
económico, quienes han movido al pueblo. Algunos, aún más simples, dicen
que han sido los piperos y los anarquistas quienes se han enfrentado a
los granaderos. Esta simplificación que justifica la represión no es
útil para la solución del conflicto. Es necesario considerar que los
comuneros de Ameyalco consideran al agua suya porque la han cuidado por
más de cinco siglos: la propiedad no es mercantil, sino simbólica y
social; no es un problema únicamente económico, sino del ejercicio del
poder del agua.
Es por esto que defienden al manantial de
una obra opaca, que consideran que llevará el agua a Santa Fe y otros
barrios ricos de la capital, dejándolos a merced de los precios de un
mercado al que no pueden entrar. La defienden porque no quieren ver al
agua convertida en una mercancía más. La defienden ante las tácticas de
manipulación y engaño de la delegación Álvaro Obregón y la incapacidad
absoluta del GDF de resolver conflictos de forma pacífica, democrática,
plural y horizontal. La defienden ante un gobierno que rige y busca
vencer y no que escucha y, en su caso, convence.
El GDF niega la veracidad de la versión
del pueblo. Defiende la obra, sin mostrar su planeación, diciendo que la
llevará a los linderos del pueblo, en donde las pipas abastecen de agua
a precios injustos a los que ahí habitan. Además de entubar el agua del
manantial, llevará agua del Cutzamala para satisfacer la demanda de
toda la población. Los vecinos temen que el agua contaminada del
Cutzamala se mezcle con la pura de su manantial, la que han procurado
mantener así por siglos. El gobierno niega que esto sucederá, sin lograr
convencer a los pobladores. El recurso a la fuerza termina por
fortalecer la posición de los pobladores y por cuestionar aún más la
legitimidad del GDF y, en general, de un Estado que reprime a su
población. Pero el recurso a la fuerza también oculta otra cosa. Los
vecinos que hoy no tienen acceso a agua potable deben tenerlo. Ello no
debe ser a costa de la propiedad de San Bartolo sobre su manantial.
¿Es posible pensar en regímenes de
administración, propiedad y distribución más justos? ¿Es posible
encontrar una solución que beneficie a los vecinos que no cuentan con
agua potable y a los que han históricamente cuidado los recursos
naturales? ¿Hay una solución más allá del mercado y la acción opresiva
del Estado?
Queremos pensar que sí, y que esa
solución pasa por un diálogo más amplio entre los pueblos y vecinos
involucrados. Creemos que las asambleas de San Bartolo son sólo el
primer paso de un largo proceso de organización y de construcción de
otras formas de poder y sociedad más justas, plurales y equitativas. La
inclusión de los vecinos hoy antagonistas al proceso autonómico de San
Bartolo es importantísima. La presión sobre el GDF para lograr el cese a
la represión y el hostigamiento se ha vuelto una condición necesaria
para que el proceso de democratización en la vida cotidiana suceda. Está
en juego la vida misma.
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