*DE RADIOMUNDOREAL: PARA ESCUCHAR AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA Y VER VIDEO DE DESALOJO (click aquí)
Bombas de gas lacrimógeno y balas sobre adultos,
niños, niñas, ancianos y ancianas, arrojadas por fuerzas de seguridad
pública. Un escenario del que sin ningún pudor, cada vez más Estados de
América Latina vienen haciéndose protagonistas. El uso de vergonzoso de
este tipo de violencia tiene un fin común a estos casos: quitar
comunidades de territorios vistos como fuente de negocio y lucro para
grandes empresas trasnacionales.
Bombas de gas lacrimógeno y balas sobre adultos,
niños, niñas, ancianos y ancianas, arrojadas por fuerzas de seguridad
pública. Un escenario del que sin ningún pudor, cada vez más Estados de
América Latina vienen haciéndose protagonistas. El uso de vergonzoso de
este tipo de violencia tiene un fin común a estos casos: quitar
comunidades de territorios vistos como fuente de negocio y lucro para
grandes empresas trasnacionales.
Este es el caso de la región de La Puya, en el
departamento de Guatemala. Hace 2 años y 3 meses que las comunidades
decidieron iniciar una resistencia pacífica a la implementación a fuerza
del proyecto de minería de oro a cielo abierto Progreso VII Derivada,
de la minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates y las
subsidiarias Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA) y Servicios
Mineros de Centro de America. Proyecto del que las comunidades no fueron
ni informadas, y mucho menos consultadas sobre su pertinencia o no.
A pesar del marcado carácter pacífico de la resistencia, durante este
tiempo las amenazas y atentados en contra de los dirigentes y
dirigentas de la comunidad han sido constantes. La forma de defensa que
han encontrado en La Puya ha sido el bloqueo de la entrada al área
prevista para la explotación minera, realizada por turnos por decenas de
personas día y noche.
El viernes 23 de mayo, 200 agentes de la Policía Nacional Civil de la
división antidisturbios avanzaron sobre el bloqueo, custodiando la
maquinaria que se disponía a ingresar a la mina.“Después de 7 intentos
fallidos de ingreso al territorio, esta vez lograron ingresar, pero lo
lograron con abuso de autoridad, con dispositivos impresionantes de
policías utilizados por el gobierno para apoyar el sector empresarial”,
comenzó describiendo en entrevista con Radio Mundo Real, la dirigenta
Yolanda Oqueli, los hechos de violencia.
“Hay varias compañeras hospitalizadas; hay una joven compañera que le
rompieron el cráneo con una bomba lacrimógena, porque esta gente no las
lanzaban al aire, las lanzaban al cuerpo, a la cara, al pecho de la
gente que estaba resistiendo”, relata Oqueli, quién también fue víctima
de un atentado el 13 de junio de 2012, y que le dejó una bala alojada en
el cuerpo.
Los dispositivos policiales quedaron instalados en la zona, son “45
radiopatrullas de la división antidisturbios que están ahí
intimidándonos”, cuenta Oqueli, pero a la vez asegura:“a pesar de eso
nosotros mantenemos la calma y seguimos más fuertes que nunca”. Los
turnos del bloqueo al ingreso pasaron de tener cerca de 50 a 300
personas, según informó la dirigenta.
Todas las armas posibles
“Ya hay tres compañeros que recibieron sentencias de 9 años, con
multas y reparación de daños exageradas: cada uno de ellos tiene que
pagar 32 mil quetzales de fianza. Son gente campesina que no tiene
ingresos, y sin embargo no les importó”, explicó la dirigenta. “A mí por
falta de méritos, el juez me ha dejado desligada del proceso, aunque
dio 3 días para que la empresa apele, y que nuevamente pueda ser yo
juzgada.”
Sus otros cuatro compañeros no corrieron la misma suerte, y fueron sentenciados con prisión domiciliaria.
Oqueli es enfática al señalar que a pesar de todas estas armas
utilizadas por la empresa, la resistencia se mantendrá: “Seguimos de
pie, la lucha no ha acabado, y ahora es más fuerte que nunca. Ayer hubo
una caravana en la cual llegaron más de 1 200 personas de la cabecera de
San José del Golfo, a unirse a La Puya. El actuar de ellos nos hace más
fuertes”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario