A la Opinión pública nacional e
internacional denuncia:
1. Que el día 23 de mayo de 2014,
más de 35 radio patrullas y buses policiacos con un contingente
de aproximadamente 500 policías con
equipo antimotines y algunos portando armas de grueso calibre, se hicieron
presentes a las 7 de la mañana en la entrada de la mina “Progreso VII derivada”
protegiendo y escoltando maquinaria de esta empresa que desde las 5 de la
mañana esperaba el arribo dela fuerza policial.
2. El operativo dirigido desde el
Ministerio de Gobernación tenía el propósito de que la
maquinaria ingresara por la fuerza por la entrada de la mina ante la cual la scomunidades
en resistencia instalaron un plantón desde el 2 de marzo 2012, ejerciendo su
derecho constitucional de resistencia ante un proyecto que pone en alto riesgo
la vida de los habitantes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc violando
flagrantemente sus derechos ciudadanos.
3. Los elementos de la policía contaban con
mujeres policías de apoyo para enfrentar a las valientes mujeres de la
resistencia que se apostaron en la puerta hincadas, cantando el himno nacional
y alabanzas, los policías haciendo alarde de brutalidad arremetieron contra
ellas disparando granadas lacrimógenas al cuerpo de los y las manifestantes
provocando heridas graves a mujeres, ancianos/as y niños/as, afectando incluso
a las mismas mujeres policías que las habían lanzado al frente sin protección.
4. Ante esta situación planificada
alevosamente por Mauricio López Bonilla y su Director de la
Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez, las y los vecinos resistieron y se defendieron de la agresión policial por más
de hora y media, siendo testigos de estas atrocidades, personal de OACNUDH,
la Procuraduría de Derechos Humanos PDH, así como observadores
de instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que
presenciaron el desarrollo de esta acciónpolicial.
5. Este operativo policiaco dejó como saldo
más de 25 personas heridas ante las y los vecinos, el caso más grave
fue una señora con tres meses de gestación que sufrió un trauma de cráneo,
producido por el impacto de una granada lacrimógena en la cabeza. Se
reportan también 11 policías con lesiones.
ANTE ESTO:
1. Responsabilizamos al Gobierno
encabezado por el Gral. Otto Pérez Molina, el Ministro de Gobernación
Mauricio López Bonilla y, al Director de la Policía Nacional Civil
Telémaco Pérez por el uso excesivo de la fuerza en contra de los ciudadanos que en defensa del Agua y de
la Vida ejercían su derecho a la manifestación y la libre expresión en contra de un proyecto aprobado de forma anómala,
corrupta y fraudulenta por el Ministerio de Ambiente y por el Ministro Minero
Erick Archila Marroquín.
2. Responsabilizamos
también al Congreso de la república y en particular a los diputados
que servilmente aprobaron este año la “Ley de Circulación por Carreteras Libre de
Cualquier Tipo de Obstáculos” decreto 8-2014, elaborado con
dedicatoria a las industrias extractivas y la cual fue utilizada para avalar
este operativo, haciendo prevalecer “el derecho a la libre
locomoción” por encima del derecho a la vida y derechos ciudadanos; dicha ley ordinaria no está
EXIGIMOS
1. Al Presidente Gral. Otto Pérez Molina
y, su Gabinete que cumpla con el mandato constitucional de garantizar
la vida y la salud de los habitantes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,
cancelando la licencia minera a este proyecto minero que al igual que otros,
serán los desastres ambientales del futuro por la deficiente administración y la
2. Al Ministerio Público que en lugar de
criminalizar e iniciar procesos en contra de ciudadanas y ciudadanos en
resistencia pacífica por falsas denuncias de la empresa minera EXMINGUA, que
actúe en defensa de los derechos de los vecinos afectados e inicie los procesos
pertinentes, a fin de que se establezca la responsabilidad de los causantes
de esta agresión, se les aplique la ley y se proceda a la
reparación de los daños causados.
3. A la Procuraduría de Derechos Humanos actuar
en la protección de derechos delas comunidades en resistencia
pacífica “La Puya” de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
4. Al Consejo Nacional de Seguridad
y al recién creado Grupo Interinstitucional para Asuntos
Mineros, en especial al Sr. Comisionado del Sistema Nacional de Diálogo Lic. Miguel
Ángel Barcárcel, que explique y aclare que en ningún momento
las comunidades en resistencia pacífica abandonaron la mesa de diálogo creada
para este conflicto, por el contrario ha sido el gobierno quien no ha cumplido
con las demandas de la población de priorizar los riesgos e impactos a la vida,
al agua, ala salud y al ambiente que ocasionará este proyecto.
5. Al Ministro de Gobernación, que en lugar
de estar mintiendo y desinformando a la opinión pública en contra de
las comunidades en resistencia pacífica, se dedique a brindar seguridad a la
ciudadanía destacando al contingente policial que permanece aún en “La Puya”, a
cumplir con sus funciones donde corresponde y deje el triste papel de ser el
guardia privado y defensor oficioso de los intereses delas empresas mineras y
demás industrias extractivas, ahora resulta que nosotras y nosotros les pagamos
a quienes en lugar de defendemos nos agreden y reprimen.
PEDIMOS
·
Al pueblo de Guatemala,
su solidaridad y apoyo para que el Estado, dé cumplimiento al derecho
A la Vida, al Agua, a la Salud y a un ambiente sano, exigiendo la cancelación
de la licencia de explotación y el cierre de éste proyecto minero que solo ha
reído confrontación y conflicto en donde antes no existía.
·
A los pueblos y comunidades
en resistencia, a las organizaciones y movimientos ciudadanos
a solidarizarse y cerrar filas ante la ola represiva desatada por el Gobierno
para imponer un modelo económico que solo favorece los intereses delos ricos
nacionales y extranjeros, a costa de destruir el territorio nacional y los bienes naturales que nos pertenecen para
conservarlos y heredarlos a las futuras generaciones.
·
A la prensa nacional
e internacional, les pedimos visibilizar y documentar esta situación
de forma objetiva y veraz, para que la ciudadanía tome conciencia
de esta situación provocada por la ambición y la codicia desmedida de las
empresas mineras en contra de la vida y los derechos y de la población
afectada.
·
Pedimos a las iglesias
de Guatemala elevar sus oraciones para que las autoridades cumplan
con su mandato constitucional y cumplan como servidores públicos que son, para
el bienestar del pueblo de Guatemala, que les paga su salario.
·
A la comunidad internacional,
Comunidades de San José del Golfo y San
Pedro Ayampuc
en Resistencia Pacífica “La Puya”
en Resistencia Pacífica “La Puya”
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