"Tierralta, uno de los epicentros del
conflicto armado colombiano; desde finales de los ochenta, el municipio
sirvió de sede a la ofensiva de los grupos de autodefensa, los
narcotraficantes y la clase política regional para desterrar a la
guerrilla que asolaba la zona y hacerse con las tierras fértiles, el
agua, los minerales, los cultivos de coca. Para ello, estimaron preciso
desarraigar a más de 30.000 habitantes de Tierralta, perpetrar 22
masacres en el departamento de Córdoba y asesinar a cientos de personas,
entre ellas al menos a nueve líderes indígenas del pueblo embera-katío
opuestos a la construcción de Urrá, la represa emblemática del
desarrollo económico de la región que los paramilitares respaldaban con
fuego (…)
Descontentos con las negociaciones de paz con la guerrilla del
gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), sectores de las fuerzas
militares y de los ganaderos de la región conformaron grupos de
autodefensa. En el Magdalena Medio y justamente alrededor de Tierralta
se gestaron los primeros grupos paramilitares de este tipo en el país,
que, en el caso cordobés, se llamarían luego Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá, y serían comandadas por los hermanos Fidel y Carlos
Castaño, conocidos como Los Magníficos.
Durante las décadas de los ochenta y los noventa, los paramilitares
cometieron múltiples masacres en la región buscando “limpiar” la zona de
guerrilla, libraron una lucha territorial a costa de la población civil
e impusieron el dominio de la violencia sobre la repartición de la
tierra. A mediados de los ochenta, Fidel Castaño se desplazó a los
límites entre los municipios de Córdoba y Antioquia, y compró la finca
Las Tangas en el municipio de Valencia, con el fin de entrenar sicarios,
mantener su negocio del tráfico de drogas y brindar seguridad privada a
ganaderos de la región, comerciantes, jefes políticos y capos del
narcotráfico.
Entre 1980 y 1993, en la región se cometieron más de 400 masacres y
200 crímenes políticos. En 1997 aumentó la presión territorial no solo
en Córdoba, sino en todo el país. Las Autodefensas de Córdoba convocaron
a líderes de diferentes grupos de autodefensa de varias regiones del
país para formar las Autodefensas Unidas de Colombia, que llevaron a
cabo estrategias tanto militares como políticas para expandir su control
y poder territorial, así como una lucha frontal contra lasFARC. A partir de esta época, la agresión contra la población civil se volvió rutinaria y el despojo de tierras, masivo.
En la cuenca del río Sinú, la tierra fue vaciada de gente, y los
humedales, de agua. Para desecar los cuerpos de agua y protegerse de los
desbordamientos, los hacendados concretaron su despliegue imaginativo
en distintos tipos de obras: terraplenes, muros de contención, presas de
riego y taludes. Las obras de relleno y desecación de cuerpos de agua
eran luego terrenos apropiados por particulares. Estas prácticas no eran
mal vistas por las autoridades públicas. De hecho, fueron consideradas
actividades sanitarias, a pesar de que Colombia firmó en 1971 la
Convención Ramsar que protege humedales, y el Instituto Colombiano para
la Reforma Agraria (Incora) adjudicó terrenos desecados a particulares
como si fueran baldíos.
Los paramilitares hicieron parte de esta campaña de extensión de
tierras a costa de las ciénagas. Sin contar con permiso ambiental
alguno, las autodefensas, a través de alias Móvil 39, hombre de
confianza del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, construyeron “un dique
de cemento de 74 metros de largo, por cuya superficie pasa una
carretera”, con el cual “le dictaron la sentencia de muerte a la ciénaga
de Betancí, uno de los patrimonios biológicos del país y del
departamento de Córdoba”. Como consecuencia, concluía El Tiempo en 2001,
“existe el grave peligro de que con el dique la ciénaga se convierta en
un estanque de aguas podridas de 2.800 hectáreas (equivalentes a unas
4.666 canchas de fútbol), y luego se seque lentamente,integrándose a las
tierras de ganadería extensiva que existen en sus riberas”.
El modelo territorial que se fue imponiendo en Córdoba sufría año
tras año una amenaza: las inundaciones. Se estima que en promedio 16.000
familias son afectadas anualmente y que los costos de los daños
ascienden a entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB departamental.
Muchos de los damnificados de las inundaciones son pobladores muy pobres
asentados en antiguos humedales o ciénagas desecadas, y por lo tanto
especialmente vulnerables. Sin embargo, también los dueños de grandes
extensiones de tierra se ven afectados al tener que trasladar el ganado y asumir considerables pérdidas económicas. Como lo
relató en nuestra entrevista Víctor Negrette, director del Centro de
Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú, “muchas
haciendas permanecen inundadas tres o cuatro meses, limitando los
ingresos de los hacendados. Y en verano, las sequías les dañan el
negocio. Por las mismas condiciones naturales, la ganadería extensiva no
tiene ni doce meses, sino entre cuatro o seis en donde generan algún
tipo de dinero”.
El círculo vicioso que se repetía en Córdoba entre la desecación de
ciénagas, la apropiación de nuevas superficies para ganadería extensiva y
las inundaciones que resultaban de la pérdida de humedales que
absorberían el exceso de agua, requería una solución. La represa de Urrá, para las élites regionales, no solo
traería progreso a la región, sino que redimiría al departamento del
flagelo periódico de las inundaciones.
Hoy, tras la construcción de la represa, la situación económica y
social es muy similar a la que encontró la misión del Gobierno
estadounidense en 1963. El 12% de la población posee el 86% de la
tierra, y el departamento está entre los cinco más pobres del país.”
Rodríguez Garavito César, Natalia Orduz Salinas. “Adiós río. La
disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la
represa de Urrá” Libro disponible en PDF http://odhpi.org/wp-content/uploads/2013/03/AdiosRio-Urra_Rodriguez-Orduz.pdf
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