Fuente: radiomundoreal |
El 26 de junio del presente
año, en Ginebra, Suiza la asamblea de las Naciones Unidas aprobó la creación de
un grupo de trabajo intergubernamental dentro de la Comisión de Derechos Humanos
que trabajará en la elaboración de un Protocolo vinculante para que los Estados
puedan juzgar a las empresas transnacionales que incurran en violaciones a
derechos humanos y a delitos ecológicos (http://radioteca.net/audio/voz-de-los-movimientos-no-114/).
La moción fue presentada por los gobiernos de Ecuador y de Sudáfrica y respaldada por otros 18 estados, principalmente asiáticos y africanos. En contra votaron Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea, entre otros. Hubo además en la votación 13 abstenciones correspondientes a casi todos los países latinoamericanos, entre ellos, México.
La moción fue presentada por los gobiernos de Ecuador y de Sudáfrica y respaldada por otros 18 estados, principalmente asiáticos y africanos. En contra votaron Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea, entre otros. Hubo además en la votación 13 abstenciones correspondientes a casi todos los países latinoamericanos, entre ellos, México.
Este hecho, a pesar de la existencia de múltiples tratados internacionales que no son respetados por los estados, es considerado como una victoria histórica para los movimientos sociales, ya que representará una plataforma legal de defensa y de presión política dentro de las luchas ambientales.
Además de que “termina con la política que hasta ahora había avalado la ONU, que establecía códigos de cumplimiento voluntario, como el llamado Global Compact o los principios establecidos en 2011, que no establecían la obligatoriedad que asegurase el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las principales empresas transnacionales.” (https://www.diagonalperiodico.net). Junto a la labor de despachos de Ecuador y Sudáfrica, influyó en esta decisión la presión de más de 500 organizaciones que impulsan una Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo (www.stopcorporateimpunity.org), quienes durante esa semana realizaron movilizaciones y una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en la cual, a través de la sistematización de violaciones de derechos humanos en casos recientes, fueron denunciadas varias corporaciones y el principio de "arquitectura de la impunidad" construida en torno a las transnacionales. Esta vez, en particular, se consideraron “12 casos en los sectores de la minería, el petróleo y el agua, presentados por defensores y defensoras de los derechos humanos y representantes de comunidades afectadas por Glencore (Filipinas, Zambia, Perú, República Democrática del Congo, Colombia), Pacific Rim (El Salvador), Lonmin (Sudáfrica), Chevron (Ecuador), Shell (Nigeria), Mekorot (Palestina), Coca-Cola (Colombia) e Hidralia Energía (Guatemala)”. (http://www.stopcorporateimpunity.org/?p=5879&lang=es). La comisión de trabajo creada tiene dos años para elaborar el Protocolo, mientras tanto habrá que seguir trabajando en la denuncia y la resistencia contra dichas Transnacionales.
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