14 de marzo del
2014
En México, el Movimiento ha sido señalado en numerosas ocasiones de provocar la desestabilización. En los estados de Guerrero y Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias federales y estatales han acusado a las organizaciones que acompañan a las
comunidades de estar del lado de los países ricos. En Veracruz, nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz fue asesinado un día antes de comenzar el Encuentro Nacional del MAPDER, en agosto del año pasado. En Chiapas, el proyecto Chicoasén II está causando división en las comunidades
debido a que el gobierno organizó una asamblea ejidal fraudulenta, acarreando campesinos de
otras comunidades el 17 de noviembre de 2013 para que votaran a favor de la construcción. En
las regiones del Soconusco y Sierra, las autoridades federales
han respondido con menosprecio a
la declaración de territorios libres de minería y represas, llevada a cabo el 10 de diciembre del año pasado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Economía simplemente ignoraron la demanda
de 47 comunidades de cancelar las represas y minas
en esa región y se limitaron a contestar que están facultadas para autorizar dichos proyectos. Mientras, las familias afectadas por el llamado Tapón del Grijalva todavía esperan la
indemnización por sus tierras y una vivienda digna que no se caiga a pedazos, como las casas que
recibieron en la Ciudad Rural Nuevo San Juan de Grijalva. Y no sólo eso, cuando estas mismas familias salieron a las calles para manifestarse por la falta de justicia, hubieron detenidos que fueron trasladados a diferentes cárceles, como ha sido registrado en recomendaciones que emitió
la Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos. Las amenazas, sobornos, órdenes de aprehensión
y hasta asesinatos son el pan de cada día de quienes trabajan para proteger al
medio ambiente y a sus familias.
San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, México
A los medios de
comunicación nacionales e internacionales, al
pueblo en general:
El 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas,
por los Ríos, el Agua y la
Vida, es la fecha durante la cual, las comunidades y organizaciones afectadas por proyectos de represas en el mundo salen
a la calle a demandar justicia
a sus gobiernos,
a las compañías constructoras y productoras de electricidad y a la sociedad en general. Según la Organización de
las Naciones Unidas, unas 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo. En
nuestro estado, las represas que fueron construidas en nombre del supuesto “desarrollo”, solo
trajeron, como en muchas otras partes, mayor marginación a cientos de comunidades que vivían de
la pesca y la agricultura.
Desde 1997, fecha
en la que se organizó el Primer Encuentro Internacional de Damnificados por las Represas (Curitiba, Brasil), hemos podido comprobar una y otra vez de
manera sistemática, que los engaños con los que los gobiernos y compañías se apropian de los
territorios de pueblos indígenas y campesinos, siguen siendo los mismos. Además, es posible
afirmar que en las comunidades, las tarifas de la electricidad son elevadísimas, mientras
que grandes compañías reciben subsidios para no pagar. Vemos que el costo social y ambiental lo
asumen los pueblos al tiempo que unos cuantos se enriquecen acaparando los bienes comunes y provocando daños a la gente
y al medio ambiente.
En México, el Movimiento ha sido señalado en numerosas ocasiones de provocar la desestabilización. En los estados de Guerrero y Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias federales y estatales han acusado a las organizaciones que acompañan a las
comunidades de estar del lado de los países ricos. En Veracruz, nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz fue asesinado un día antes de comenzar el Encuentro Nacional del MAPDER, en agosto del año pasado. En Chiapas, el proyecto Chicoasén II está causando división en las comunidades
debido a que el gobierno organizó una asamblea ejidal fraudulenta, acarreando campesinos de
otras comunidades el 17 de noviembre de 2013 para que votaran a favor de la construcción. En
las regiones del Soconusco y Sierra, las autoridades federales
han respondido con menosprecio a
la declaración de territorios libres de minería y represas, llevada a cabo el 10 de diciembre del año pasado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Economía simplemente ignoraron la demanda
de 47 comunidades de cancelar las represas y minas
en esa región y se limitaron a contestar que están facultadas para autorizar dichos proyectos. Mientras, las familias afectadas por el llamado Tapón del Grijalva todavía esperan la
indemnización por sus tierras y una vivienda digna que no se caiga a pedazos, como las casas que
recibieron en la Ciudad Rural Nuevo San Juan de Grijalva. Y no sólo eso, cuando estas mismas familias salieron a las calles para manifestarse por la falta de justicia, hubieron detenidos que fueron trasladados a diferentes cárceles, como ha sido registrado en recomendaciones que emitió
la Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos. Las amenazas, sobornos, órdenes de aprehensión
y hasta asesinatos son el pan de cada día de quienes trabajan para proteger al
medio ambiente y a sus familias.
Vemos pues que el desdén de las autoridades y compañías nos unen en la lucha por el
respeto de nuestros derechos y del medio ambiente a escala local, regional e internacional. Es por esto
que nos oponemos firmemente a las reformas estructurales aprobadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como al proyecto de reforma agraria que será analizado próximamente y
todos los venideros. Estos cambios constitucionales traerán solamente más violaciones a los
derechos humanos y más destrucción de
nuestra madre
tierra.
A pesar de este panorama, en todos los rincones del país se están haciendo sentir brotes
de
organización y resistencia de los pueblos originarios por rechazar estas amenazas a la vida. En
el estado de Puebla, miles de campesinos se encuentran dando una lucha directa en contra de la
construcción de los proyectos hidroeléctricos que pretenden imponer sobre el rio de Apulco, que
nace en La Soledad, tierras Poblanas donde Carlos Slim pretende construir la mina de oro a cielo
abierto más grande de América. También en Veracruz, las comunidades impulsan una dura lucha contra la instalación de represas en los ríos Pescados, La Antigua, Blanco, entre otros, realizando
todo tipo de acciones pacíficas y de desobediencia civil, que a la fecha han logrado frenar
en cierta forma
la avalancha de represas de los 112
proyectos planeados, tan sólo para este estado.
La resistencia contra estos
proyectos de muerte en todo el país ha sido peligrosa, debido a
la impunidad con que operan empresas, gobierno y crimen organizado, pero también ha demostrado que es la única forma de bloquear proyectos millonarios y defender el medio
ambiente y las comunidades.
Por todo lo anterior, en este día de lucha demandamos al gobierno de México la suspensión de todos los proyectos y concesiones hasta que las comunidades hayan sido
consultadas, libre y previamente, así como el respeto a la voluntad de las mismas y a su derecho a
la libre autodeterminación.
Atentamente,
Movimiento Mexicano
de Afectados
por las Presas
y en Defensa de
los Ríos Chiapas y Movimiento Mexicano
de Alternativas a
las
Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático.
¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!
¡Libertad a los presos políticos del país!
¡Castigo a los asesinos de Noé Vázquez Ortiz, Bety Cariño, Bernardo Vázquez, Mariano Abarca y demás luchadores sociales!
